La ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, continúa refugiada en la residencia de la embajada de México en Lima, a la espera de una resolución sobre el salvoconducto que le permitiría salir del país. La decisión del gobierno peruano sobre este documento aún no se ha emitido, mientras la cancillería evalúa la posibilidad de modificar la Convención de Caracas para evitar que el asilo político se otorgue a personas con procesos judiciales por delitos comunes.
Situación judicial y política
Paralelamente, el Ministerio Público solicitó la revocación de la comparecencia con restricciones que actualmente rige sobre Chávez, proponiendo su prisión preventiva por incumplimiento del registro biométrico. Especialistas en derecho penal consideran que esta solicitud podría ser innecesaria y apresurada, sugiriendo que podría retirarse mientras se resuelve el proceso judicial que enfrenta por el delito de rebelión. La audiencia para decidir esta solicitud está programada para el 13 de noviembre.
En el ámbito legislativo, la Comisión de Acusaciones Constitucionales ha programado la discusión sobre la inhabilitación por 10 años de Chávez para el miércoles próximo, contando con la presencia de la ex funcionaria y su defensa. Esta medida se derivó del informe aprobado en subcomisión hace más de un mes, pero cuya revisión en el pleno del Congreso de la República se ha postergado, generando cuestionamientos por la demora en su tramitación.
Mientras tanto, la residencia diplomática mexicana mantiene un estricto control y vigilancia. Betssy Chávez permanece en el interior del inmueble, sin poder movilizarse fuera del país sin el salvoconducto, aunque puede permanecer dentro de la embajada. La situación genera expectativa sobre cómo se resolverán los procedimientos judiciales y políticos que determinan su futuro inmediato en el Perú.
