Desde hoy, los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves podrán ser recluidos en penales comunes, según lo confirmó Tiberio Martínez, jefe de la Dirección de Política Criminatoria del Ministerio de Justicia. Martínez aseguró que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está trabajando en la adecuación de espacios diferenciados dentro de las cárceles para albergar a estos menores.
La medida ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y social. El abogado penalista Luis Lamas Puccio respaldó la iniciativa, pero alertó sobre los problemas estructurales del sistema penitenciario. “Hay problemas carcelarios; no se trata solo de modificar leyes. Se necesita soporte en infraestructura, presupuesto y personal especializado. Esto podría agudizar el problema”, advirtió.
Actualmente, los penales en el Perú presentan una sobrepoblación del 138 %, lo que pone en duda la viabilidad práctica de esta reforma. En ese sentido, la expresidenta del INPE también mostró su preocupación, señalando que “no existen condiciones básicas de infraestructura ni de acompañamiento especializado para estos adolescentes” y alertó sobre los riesgos de convivencia con adultos privados de libertad.
INCOMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN
Por su parte, el Poder Judicial advirtió que esta modificación legal podría ser incompatible con la Constitución. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también expresó su rechazo a la medida. “¿Si la criminalidad quiere usar a nuestros niños, vamos a cambiar la ley para perseguirlos como adultos? Ese es el camino equivocado. Estamos a tiempo de rectificarlo”, afirmó.