Gremios del transporte acusan falta de respuesta del Gobierno ante la ola criminal
Los ataques ya no solo afectan a conductores: empresarios del sector denuncian intentos de secuestro y amenazas de múltiples bandas criminales.
Los ataques ya no solo afectan a conductores: empresarios del sector denuncian intentos de secuestro y amenazas de múltiples bandas criminales.
La violencia contra el sector transporte ha alcanzado un nuevo nivel en Lima y Callao. En las últimas semanas se han registrado intentos de secuestro contra representantes de empresas, además de los constantes ataques a conductores. Una empresaria de Chorrillos fue seguida por presuntos delincuentes y logró escapar gracias a la alerta de vecinos. Según dirigentes del gremio, las amenazas provienen de diversas bandas que buscan imponer el pago de cupos a cualquier nivel del negocio: desde los choferes hasta los propietarios de las unidades.
Extorsiones en el transporte: 35 conductores asesinados y amenazas llegan a dueños de empresas
Pese a los reiterados reclamos ante el Ejecutivo, los gremios del transporte denuncian que no se han visto avances concretos. “Nos siguen matando, las amenazas continúan”, declaró un vocero que recordó las recientes muertes de dos conductores en la ruta Néstor Gambeta, acribillados durante la última semana de octubre. Entre enero de 2024 y octubre de 2025, 35 choferes han sido asesinados y 53 resultaron heridos, de acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.
Las mafias que controlan el cobro de extorsiones operan sobre más de 600 kilómetros de rutas en la capital, de acuerdo con datos periodísticos. En algunos casos, los delincuentes acceden a información personal de registros públicos o se infiltran en los grupos de comunicación de los transportistas para intensificar las amenazas. Se estima que entre el 70% y el 80% de las empresas formales de transporte en Lima y Callao están siendo extorsionadas, con pagos que podrían superar los 10 millones de soles.
Mientras tanto, casos como el del conductor Guillermo Arturo Álvarez, baleado en San Juan de Lurigancho el 5 de octubre, reflejan la precariedad de la respuesta estatal. Su tratamiento médico sigue sin ser cubierto por el Seguro Integral de Salud, pese a los compromisos asumidos por las autoridades. Sin resultados visibles, los transportistas han anunciado una nueva paralización para el próximo 4 de noviembre, en protesta por la falta de medidas efectivas contra la extorsión y la violencia que golpea al sector.
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