La extorsión no solo golpea al Perú, sino también a varios países de la región. En México, durante el primer semestre del año se reportaron casi seis mil víctimas de este delito. En Honduras, la extorsión mueve alrededor de 200 millones de dólares anuales, mientras que en Colombia, desde las cárceles se manejan aproximadamente 2.000 millones de pesos colombianos al año.
En medio de este panorama, El Salvador destaca por haber logrado reducir significativamente sus índices delictivos desde 2022. Este resultado ha reavivado el debate sobre la posibilidad de aplicar el “modelo Bukele” en otros países, luego de que un gremio de transportistas peruanos anunciara su intención de viajar a dicho país para conocer estrategias contra la extorsión.
ESPECIALISTAS OPINAN
Sin embargo, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés advirtió que no se pueden replicar esas medidas en el Perú, pues ello compete exclusivamente al Estado. “El plan Bukele es inviable de implementar en nuestro país”, afirmó.
En contraste, el consultor en seguridad ciudadana y policial salvadoreño Luis Contreras sostuvo que, aunque los contextos son distintos, “el delito es el mismo y requiere decisiones firmes” por parte de las autoridades peruanas.
