Tendido en posición de cúbito dorsal y con un profundo corte de aproximadamente 14 centímetros en el cuello, fue hallado sin vida José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima y testigo clave en el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán. Su deceso se produce en un momento crucial del proceso judicial, donde se le sindicaba como receptor de fondos ilícitos entregados por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
ESPECIALISTAS OPINAN
La muerte de Castro ha generado preocupación respecto a las consecuencias procesales. Para el abogado penalista Vladimir Padilla, el fallecimiento sí genera un impacto en el proceso: “Lo puede usar la Fiscalía a su favor o considerar que el caso se debilita. También pudo haber ocurrido que él se presentara al juicio y negara todo”, advirtió.
El fiscal del equipo especial Lava Jato anunció que solicitará al Poder Judicial que se lean las declaraciones de Castro durante el juicio oral. Sin embargo, el abogado penalista James Rodríguez opinó lo contrario. “Las declaraciones de José Miguel Castro no podrán ser utilizadas porque no han sido homologadas en el proceso penal. A la muerte de un aspirante a colaborador eficaz se archiva el cuadernillo y es como si nunca hubiese existido”, explicó. Añadió que la falta de estas declaraciones “le quita peso y fortaleza jurídica” al caso para lograr una sentencia condenatoria.
Castro Gutiérrez era aspirante a colaborador eficaz y se le atribuía haber recibido millonarias sumas de dinero para financiar la campaña contra la revocatoria de Villarán en 2013. Según las investigaciones y los testimonios de personajes como Jorge Barata, el exfuncionario municipal no solo habría facilitado el ingreso de dinero ilegal, sino también entregado información sobre intermediarios, transferencias y acuerdos para favorecer a las empresas brasileñas en la adjudicación de obras públicas.
