Una nueva controversia ha sacudido al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta vez, el proceso de recategorización de suboficiales abogados ha puesto nuevamente a la institución en el ojo de la tormenta, debido a denuncias de corrupción y presuntos pagos irregulares que habrían afectado el procedimiento.
En declaraciones realizadas el 19 de diciembre de 2024, el ministro del Interior, Vicente Santiváñez, aseguró que se había iniciado una "gran campaña contra la corrupción interna" dentro de la policía. Afirmó que a las 6:00 a.m. de ese mismo día, se había dispuesto la nulidad del proceso de recategorización de suboficiales a capitanes abogados, mencionando que 73 de los 200 postulantes estaban siendo investigados por "indisciplina y procesos judiciales".
Sin embargo, según una resolución directorial a la que tuvo acceso 2024, la anulación del proceso fue parcial. Solo se invalidó la etapa de entrevistas, mientras que los resultados obtenidos en los exámenes médicos, físicos y de conocimientos fueron mantenidos.
Esto ha generado fuertes críticas, ya que persisten indicios de corrupción dentro de las etapas previas, con testimonios de postulantes que aseguran haber sido testigos de irregularidades, como la presencia de personas no aptas en los exámenes médicos y hasta pagos de hasta 15 mil dólares para obtener ventajas en los exámenes.
CASOS POLÉMICOS
A pesar de las denuncias, el Ministerio del Interior decidió continuar con el proceso, anunciando el cambio de la Junta Selectora para la nueva etapa de entrevistas. Sin embargo, uno de los nuevos integrantes de esta junta es el coronel Raúl Alberto Romání Puma, quien había sido denunciado por amenazar a un policía de tránsito para evitar una multa.
Además, durante las entrevistas personales, se permitió la participación de suboficiales cuestionados, como los conocidos policías fantasmas Juan Pablo Fernández Díaz y Quenne Yahaira Palomino Hidalgo, quienes han sido captados en varias ocasiones en una vivienda en Santa Anita, mientras recibían sueldos del Estado sin cumplir con sus funciones.
Otro hecho polémico fue la participación de Yury Toscano Villafaña, conocido tiktoker y exasesor del ministro, quien también pasó por la entrevista a pesar de las denuncias archivadas por agresión verbal. Aunque algunos de los cuestionados no lograron ocupar una de las 200 vacantes, otros sí consiguieron posiciones en el cuadro de mérito, lo que ha generado más incertidumbre sobre la transparencia del proceso.
Uno de los casos más sorprendentes es el de la suboficial Elizabeth Romero Vera, quien, a pesar de haber estado de descanso médico por una fractura en el pie durante varios meses, logró pasar el examen físico del proceso, que incluye una carrera de mil metros.
