El 17 de octubre de 2024, un aparente operativo policial en El Agustino presentó a nueve personas como miembros de una supuesta banda de extorsionadores. Sin embargo, tres meses después, cinco de los detenidos han sido liberados y denuncian graves irregularidades, incluyendo torturas y pruebas sembradas.
Junior Millán, uno de los liberados, relató que fue convocado para cuidar una finca en Asia y terminó siendo detenido injustamente. “Soy inocente. He servido a mi patria como licenciado de la Marina de Guerra del Perú, pero esta experiencia me ha destrozado a mí y a mi familia”, expresó. Maicol Romero, otro detenido, aseguró que todo fue una trampa orquestada por Gianfranco Aliaga y Jorge Lara, en presunta complicidad con malos efectivos policiales.
Las denuncias incluyen torturas físicas y psicológicas en la sede de la DIRINCRI, según Brian Vega, quien detalló que fueron sometidos a humillaciones para que confesaran delitos que no cometieron. Incluso, mencionó al teniente PNP Manuel de Paz Casas como responsable directo de estas agresiones.
Asimismo, se descubrió que el antecedente por extorsión de uno de los detenidos fue creado un día después de su captura, debilitando la versión oficial. A pesar de las pruebas presentadas, el general PNP Enrique Felipe Monrroy, jefe de la Región Policial Lima, sostiene la legitimidad del operativo, aunque Inspectoría aún no avanza en la investigación contra los agentes implicados.
FAMILIAS DEVASTADAS
La situación ha dejado a las familias de los liberados devastadas, mientras que los otros cuatro detenidos siguen tramitando su liberación. Ahora, las víctimas exigen justicia y que las autoridades persigan a los verdaderos responsables para restaurar su confianza en el sistema judicial.
