El excongresista Michael Urtecho, el primer parlamentario señalado de recortar el sueldo a su personal, fue condenado a 22 años y cinco meses de prisión efectiva. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside Víctor Prado Saldarriaga, impuso esta condena tras hallarlo responsable de los delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado.
Una sentencia que llega en medio de un contexto en el que al menos 11 actuales congresistas son acusados de 'mocha sueldos'. El primer caso público fue el de la legisladora María Cordero Jon Tay quien en un audio le decía a su trabajador "vamos al cajero de una vez". Dos meses después el trabajador fue despedido del Congreso.
Katty Ugarte recortaba el sueldo de los trabajadores de su despacho para pagar publicaciones en prensa a fin de mejorar su imagen. Edgar Tello fue denunciado en mayo de este año por una trabajadora gestante, quien se negó al recorte de su sueldo y este le pidió que compré un reproductor de S/4 000 con el bono que había recibido en abril.
Un reportaje de un dominical reveló que el parlamentario José Arriola recortó el sueldo de sus colaboradores para hacer una supuesta labor social. Magaly Ruiz, fue acusada por un trabajador de su oficina de recortarle el sueldo, la congresista lo despidió y contrató a la enamorada de su hijo en su lugar.
Rosío Torres fue denunciada por una trabajadora de su despacho, quien habría realizado estos cobros, sería su sobrino, a quien la parlamentaria lo responsabilizó y lo denunció, pero después fue grabada chateando con su sobrino y borrando las conversaciones.
María Acuña es acusada de obligar a sus trabajadores de recortarse el sueldo para cubrir la remuneración de otro colaborador. Jorge Flores Ancachi exigía a sus trabajadores el 10% de sus sueldos y el 50% de sus bonos. Heidy Juaréz, fue denunciada por un extrababajor del Congreso por el recorte de la mitad de su sueldo.
CASO PRESIDENTE DEL CONGRESO
Magaly Portero es acusada de pedir a sus trabajadores comprar silla de ruedas para financiar su llamada 'Ruta de la solidaridad'. El último caso conocido es el del presidente del Congreso, Alejandro Soto, sus trabajadores habrían pagado de sus sueldos publicidad en redes para mejorar su imagen.
