En ocho meses de gestión, el ministro del Interior, Vicente Romero, cuenta con dos mociones de interpelación, la primera por ineficiencia en el sector Interior y su incapacidad para dirigir la cartera, y la segunda por la inacción ante la inseguridad ciudadana y crimen organizado en el país.
En ese contexto, el Gobierno decretó un estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana por el alto índice de la criminalidad, sin embargo, ha pasado 72 horas y no se han reportado capturas de cabecillas de bandas criminales y solo se ha realizado control de identidad en estas zonas.
Además, durante la semana vecinos de SJL y SMP han reportado a los medios de comunicación la nula presencia policial y de las Fuerzas Armadas en zonas roja donde la extorsión, sicariato, asaltos y robos continúan pese a la vigencia de esta medida.
ESTADO DE EMERGENCIA SIN PLAN
Para el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, esta iniciativa del Gobierno no está dando resultados debido a que no cuenta con un plan estratégico para luchar contra la criminalidad. "Debe actuarse con energía y firmeza", dijo.
