La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este viernes el trámite de la Denuncia Constitucional N° 509 presentada por el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte. La denuncia, vinculada a las protestas sociales de diciembre de 2022, señala a la mandataria y a varios de sus exministros por presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves, relacionados con la muerte de 44 personas y las lesiones de 116.
Con 13 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones, el informe de calificación fue aprobado, permitiendo que la investigación avance en el Parlamento. Los señalados incluyen, además de Boluarte, a Pedro Angulo y Alberto Otárola, expresidentes del Consejo de Ministros; Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa; y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior, quienes habrían actuado como responsables en las decisiones que llevaron a la represión durante las protestas.
Argumentos de la denuncia
El abogado Juan Pablo Pineda, representante de la Fiscalía, explicó que la presidenta Boluarte habría incumplido sus deberes funcionales como garante de la vida de los ciudadanos. Según el jurista, Boluarte conocía las protestas y su intensificación, ya que fue informada por altos mandos militares, policiales y servicios de inteligencia, así como en sesiones del Consejo de Ministros.
La denuncia sostiene que Boluarte tenía autoridad sobre las fuerzas del orden y, pese a ello, no tomó medidas para evitar el uso desproporcionado de la fuerza, lo que resultó en violaciones de derechos humanos. Además, su participación en reuniones del Consejo de Seguridad Nacional sobre el estado de emergencia confirma, según el Ministerio Público, que tenía conocimiento directo de los hechos.
Implicancias para los acusados
El caso no solo afecta a Boluarte, sino también a los miembros de su gabinete, quienes, según testigos, habrían sido informados de las consecuencias de las acciones de las fuerzas del orden durante las protestas. Los informes de inteligencia y los medios de comunicación habrían alertado sobre las violaciones a los derechos humanos, lo que, según la denuncia, no fue suficiente para que las autoridades tomaran acciones correctivas.
La aprobación del informe de calificación representa un paso significativo en el proceso contra la mandataria y sus exministros. Ahora, el caso pasará a instancias superiores del Congreso, donde se evaluará si las acusaciones tienen mérito suficiente para proceder con una eventual inhabilitación o sanción política contra Boluarte y los otros implicados.
