El Ministerio Público ha manifestado su malestar con el Poder Judicial tras la publicación de la resolución que ordenó el allanamiento a las propiedades del exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Miu Lei.
A través de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el ente fiscal deploró que este tipo de información haya sido difundida públicamente, advirtiendo que esta acción "lesiona severamente la efectividad de la justicia".
La medida, declarada fundada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, se llevó a cabo como parte de las investigaciones por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. El allanamiento fue ejecutado el martes en diversas propiedades de los implicados.
ALLANAMIENTOS Y MOTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El operativo se realizó en respuesta a la sospecha de que Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Miu Lei habrían participado en actividades ilícitas vinculadas al tráfico de influencias y el lavado de dinero.
La orden de allanamiento incluyó la incautación de documentos y dispositivos electrónicos que podrían aportar pruebas a la investigación en curso.
La fiscalía considera que la difusión de la resolución compromete la confidencialidad y efectividad de las investigaciones. “Difundir estos detalles antes de que se concrete el allanamiento pone en riesgo la obtención de pruebas y afecta el desarrollo del proceso judicial”, indicó un vocero del Ministerio Público.
