La Procuraduría General del Estado interpuso una demanda de amparo contra la norma autoaplicativa del Congreso de la República, en defensa de la autonomía en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, así como del derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad.
La demanda de amparo será resuelta por la jueza Malbina Saldaña del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima. Esta información fue compartida por la Procuraduría por medio de sus redes sociales.
RIESGO LATENTE
El titular de la Procuraduría General, Daniel Soria, aseguró que la ley N31778 “quiebra el sistema de defensa jurídica del Estado, porque ahora habrá un conjunto de procuradores que son los del Congreso, Poder Judicial y otros organismos constitucionalmente autónomos que ya no serán designados por la Procuraduría General del Estado a través de un concurso público. Este quiebre es negativo, porque le resta eficiencia al sistema y puede afectar la autonomía de los procuradores”, dijo en entrevista con El Comercio.
Añadió que el problema de fondo es que se necesita hacer un concurso público genérico, objetivo y si eso no se da, el riesgo es que la elección no sea meritocrática.
