Sustraen legajo personal de compañera de García Sayán

Han desaparecido, por ejemplo, la resolución ministerial y el contrato con que Pinto fue contratada por primera vez, a finales del 2000 o comienzos del 2001, cuando su amigo actual era ministro de Justicia. Sólo existen dos resoluciones ministeriales del año 2005, en las que se nombra a la profesora de Educación Inicial como asesora técnica de la Alta Dirección de ese portafolio. Ella permaneció en el Minjus hasta agosto pasado, cuando la actual ministra, María Zavala, ordenó que se nivelara su sueldo con su perfil profesional, por lo cual se le rebajó la remuneración de 10,500 soles a unos 7,000 soles. Pinto renunció. SIN CALIFICACIÓN Mariella Pinto Rocha fue designada alta funcionaria del Ministerio de Justicia sin tener calificaciones profesionales que la respalden, según documentos. En los registros de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unife) consta que la señora Pinto no tiene título profesional, sino únicamente el grado académico de bachiller en Educación Inicial, que obtuvo el 2003, es decir 14 años después de haber terminado sus estudios de esa especialidad (1984-1989). Así también consta en su hoja de vida colgada en la web de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), donde trabaja desde agosto pasado, contratada por el director de ese organismo Agustín Haya de la Torre. Por si fuera poco, Mariella Pinto fue contratada en el Minjus mediante el sistema de planillas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creado para contratar técnicos de alta calificación, lo cual no era su caso, como puede verse. TRES EMPLEOS Nadie sabe a ciencia cierta cuál fue la experiencia que acreditó la señora Mariella Pinto para ser contratada como alta funcionaria del sector Justicia, ni tampoco se puede establecer en qué fecha exacta ingresó a ese portafolio, debido al robo de parte del legajo. Lo que sí se sabe es que antes de ingresar al ministerio tuvo sólo tres empleos, que al parecer nada tenían que ver con las actividades que realizaría en el Ministerio de Justicia. Primero fue promotora del nido Pequeñas Manitos, después fue funcionaria de la empresa Consulmar S.A., de su padre Joaquín Alberto Pinto Ramírez (1995-1997), y después empleada de la ONG empresarial Perú 2021 (1997-2000). Pese a ello, en el Minjus la designaron primero jefe del Proyecto Reforma Penitenciaria, después presidenta de la comisión para apoyo, asesoramiento y consulta en asuntos de cooperación técnica del sector Justicia, y posteriormente encargada de organizar el Patronato de Apoyo al Archivo General de la Nación. Se dice que inclusive llegó a ejercer el cargo de secretaria general del ministerio, brevemente y de manera interina. EN LA APCI Para ser contratada en la APCI, donde su sueldo es de unos 11,000 soles, la señora Pinto se presentó como una profesional “con amplio conocimiento en Derecho y Procedimiento Administrativo, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, y especialista en “Desarrollo y Gestión de Proyectos y Cooperación Internacional”. La APCI es el organismo del Estado encargado de canalizar y supervisar la cooperación internacional que llega al país hacia las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), de las que García Sayán es un connotado ejecutivo. Es cierto que el ex ministro toledista y Mariella Pinto no están casados, pero tienen una relación de pareja conocida. La señora Pinto Rocha es asesora de Haya de la Torre y, además, representante de APCI en el Comité Interinstitucional del Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia del Perú (Jusper), financiado por la Unión Europea con un aporte de diez millones de euros. ¿El gato de despensero, señores del Congreso? PREGUNTAS La Comisión que investiga la acusación constitucional contra Diego García Sayán, tiene aquí trabajo por hacer: ¿Cuántas veces viajó al exterior sin autorización, sólo una? Si fueron más veces, ¿en todas devolvió el dinero? ¿Viajó últimamente estando en APCI? García Sayán ordenó que fuera contratada en el Minjus siendo su pareja? ¿Firmó él la resolución respectiva? ¿Por qué la contrató, de ser el caso, en un cargo alto siendo una persona sin experiencia ni título profesional? ¿Por qué los ministros del FIM Fernando Olivera y Fausto Alvarado la mantuvieron en el cargo? ¿Acaso estos hechos no configuran abuso de autoridad, peculado, asociación ilícita y tráfico de influencias? Estos hechos no deben ser materia de debate político, señores congresistas, sino de investigación. Los ciudadanos tiene derecho de saber que los hechos ilegales se castigan sin importar si el autor de esos actos es una persona común o un príncipe ilustre que se proclama campeón contra la corrupción. VIAJE A LA FAMA La señora Mariella Pinto Rocha era desconocida hasta que apareció como “colada” en la comitiva oficial de un viaje que realizó el presidente Alejandro Toledo a China el 16 de octubre de 2001. Cuando viajó era funcionaria del Minjus y, por lo tanto, requería de una resolución que la autorizara a viajar, la que no existe. En fuentes de la Cancillería se supo que ella viajó desplazando a un funcionario de la Cancillería que protestó y denunció el atropello, según sabemos. Esto debería ser investigado. Esta versión está corroborada de alguna manera por el manifiesto del vuelo del avión presidencial, elaborado por la Fuerza Aérea, en el que Pinto figura como representante de la Cancillería. ¿”REGULARIZÓ"? En los archivos del Ministerio de Justicia figura un solo documento del año 2001 sobre Mariella: una carta enviada por Pinto Rocha al PNUD, fechada el 11 de octubre de 2001, comunicando que iba a viajar y pidiendo que se le descontara los días que no trabajaría. Sin embargo, la carta tiene un número de cargo extraño: 7638-A. La letra adicional indicaría que no corresponde a una serie continua y que habría sido insertada en el libro de cargos fuera de tiempo. Además, el sello del proveído colocado sobre la misiva no tiene ningún número, lo cual también es extraño, por decir lo menos. Esto quiere decir, al parecer, que la señora Pinto se fue de viaje a la China con su pareja no sólo sin una resolución que la autorizara, sino que tampoco informó a la oficina de Personal y después, a su regreso, “regularizó” lo ilegal. (Tomado del diario Expreso)