Defensoría del Pueblo: Estado solo invierte S/, 0,12 por ciudadano para protegerlo de la trata de personas

El Estado está en deuda con las víctimas de trata de personas en el Perú. La evidencia demuestra que no se está haciendo lo suficiente, pues el presupuesto para la lucha contra este delito se redujo sustancialmente en los últimos ocho años hasta alcanzar apenas los S/ 0,12 por persona, lo que es mínimo. Así lo revela el VIII Informe Alternativo,  documento elaborado por CHS Alternativo, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el cual hace un balance de las acciones realizadas por las instituciones públicas en materia de lucha contra la trata de personas durante el periodo 2020-2021.

El informe revela que en el año 2015 el Gobierno nacional destinaba solo 14 millones de soles, equivalentes a S/ 0,43 por persona, para combatir la trata de personas en el país. Aunque de por sí ese presupuesto ya era exiguo e insuficiente, se redujo aún más y, en 2021, durante el periodo de pandemia, descendió a 4 millones de soles, lo que equivale a apenas 12 céntimos de sol por ciudadana/o, según las cifras del Presupuesto Público. Lo más preocupante es que en el año 2022, estos 12 céntimos de sol se mantienen, tornándose en el presupuesto más bajo de los últimos ocho años.

“En términos de practicidad, esto quiere decir que el Estado invierte por persona menos de lo que cuesta actualmente un pan”, aseveró Eliana Revollar Añaños, defensora del pueblo. La funcionaria añadió que el Ministerio del Interior administra aproximadamente la mitad de los recursos estatales destinados a combatir este delito, seguido de los gobiernos regionales, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otras instancias que luchan contra la explotación humana y en favor de su dignidad y libertad.

El documento también señala que la pandemia por el COVID-19 y la crisis política han impactado en el efecto criminal de la trata de personas. Los tratantes han innovado en sus modalidades de captación y se han trasladado al espacio digital, mediante las redes sociales. Además, se han aprovechado de la vulnerabilidad de quienes han perdido sus empleos, conviven en situaciones de violencia o requieren ayuda económica urgente. 

Por otro lado, durante el estado de emergencia, los servicios estatales que no fueron considerados esenciales quedaron al margen, por lo que se aplazaron arrestos, procesos de investigación, enjuiciamientos y condenas, dejando un alto clima de impunidad que permitió a los criminales operar con menor riesgo de detección y sanción.

Pero eso no fue todo. La crisis política vivida en el Perú durante el último periodo también impactó en la forma de hacerle frente a este delito, pues la alta rotación de funcionarios dificultó la continuidad de medidas de prevención y de atención, por la necesaria especialización que se requiere. Ante ello, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, reiteró que las principales personas afectadas por la reducción del presupuesto, la pandemia y la crisis política son las víctimas, a quienes no se les está protegiendo, mientras que los tratantes permanecen impunes. 

“No se está haciendo lo suficiente en prevención, no existe un registro único de víctimas con información de las denuncias, situación legal del investigado, medidas de protección, sentencias, modalidades de captación, tránsito y destinos y no se sabe lo que ocurre con las víctimas cuando son rescatadas. Esta es información de vital importancia para generar las medidas adecuadas para combatir la explotación humana”, aseveró.

EN DEUDA CON LAS VÍCTIMAS

El VIII Informe Alternativo también señala que, si bien la información del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú reportan como principales perfiles de víctimas de trata de personas a mujeres jóvenes y adolescentes captadas con fines de explotación sexual, los operativos realizados por la Superintencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) evidencian que en el país existe también un gran número de varones víctimas de explotación laboral o trabajo forzoso.


Otro de los puntos preocupantes que resalta el informe es que los canales de denuncia del delito de trata de personas no son conocidos por la ciudadanía o por las víctimas. De acuerdo con la encuesta de percepciones sobre trata de personas realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, por encargo de CHS Alternativo, solo el 1 % de las personas encuestadas a nivel nacional reconocen a la Central Única de Denuncias de Ministerio del Interior – Línea 1818, creada exclusivamente para atender este delito, lo que demuestra la urgencia de promover y difundir los canales de denuncia existentes.

SOBRE EL INFORME ALTERNATIVO

El VIII Informe Alternativo es un documento elaborado por CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo. La información generada tiene como base 277 solicitudes de información pública por cada año, correspondientes al periodo 2020 y 2021, solicitadas a las distintas instituciones encargadas de combatir la trata de personas y los delitos contra la dignidad humana en el Perú. El informe también consigna datos de organizaciones de la sociedad civil que conforman las veedurías ciudadanas contra la trata de personas y, además, ha utilizado información difundida por los medios de comunicación.

CHS Alternativo realiza esta labor de vigilancia ciudadana desde hace 9 años con la finalidad de evaluar las diversas acciones realizadas por las instituciones públicas contra la trata de personas en el país y dar a conocer los retos pendientes.