La Defensoría del Pueblo resaltó la decisión que tomó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de incluir al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en las investigaciones que se realizan por el Caso Puente Tarata III.
A través de un pronunciamiento, la entidad celebró la disposición fiscal contra mandatario, porque asegura que ello contribuye a cumplir el deber de combatir la corrupción en todos los niveles del Estado.
Asimismo, exhortó al fiscal de la Nación para que no se suspendan las indagaciones al jefe de Estado. Enfatizó que si no se realizan los actos de investigación y se permite que se puedan perder medios probatorios, es algo incompatible con el deber constitucional de luchar contra la corrupción.
“Exhortamos al Ministerio Público a llevar a cabo todas las diligencias necesarias que permitan el acopio de material probatorio para el esclarecimiento de los graves actos de corrupción cometidos en el actual Gobierno. Solo así podrá asegurar que los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos no queden impunes”, manifestaron en el pronunciamiento.
NO HAY IMPEDIMENTO DE INVESTIGACIÓN
Además, señaló que el artículo 117 de la Constitución Política del Perú señala que no se puede acusar penalmente al presidente de la República en determinados supuestos, pero aclaró que esto no impide que el Ministerio Público realice averiguaciones necesarias.
