La Fiscalía de la Nación no atenderá la solicitud realizada por el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, para reactivar la investigación contra el presidente Pedro Castillo, suspendida en el Ministerio Público.
Fuentes de la entidad explicaron que la decisión se debe a que “no es función de la Defensoría” realizar ese tipo de pedidos en un proceso donde no es parte.
Por tanto, indicaron que el fiscal supremo Pablo Sánchez, encargado de la Fiscalía de la Nación, no podrá tramitar la solicitud realizada por Gutiérrez.
PEDIDO DE DEFENSORÍA
Como se sabe, mediante un oficio dirigido a la Fiscalía, el Defensor del Pueblo había instado a “reexaminar” su decisión de suspender la investigación preliminar contra el jefe de Estado, Pedro Castillo.
“La decisión del Ministerio Publico en la cual dispone haber mérito para investigar preliminarmente al mandatario y, a la vez, suspende el inicio de los actos de investigación resulta a juicio institucional contradictoria”, sustentó Gutiérrez en el documento.
En el mismo escrito también indicó que sería el procurador general de la República quien debería solicitar la reconsideración con la finalidad de que la investigación preliminar contra Castillo Terrones no sea suspendida hasta que concluya su mandato
INVESTIGACIÓN
En enero de este año, la Fiscalía de la Nación decidió abrir investigación contra Castillo debido a las reuniones con Karelim López Arredondo y empresarios en Palacio de Gobierno y en la vivienda del Pasaje Sarratea (Breña); así como por las presuntas irregularidades en los ascensos militares.
Por el primer caso se le imputa los presuntos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado; y, por el segundo, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Sin embargo, las pesquisas quedaron suspendidas debido a que el mandatario goza de prerrogativa constitucional y no podrá ser investigado hasta el término de su gestión.
Cabe recordar que la Procuraduría General de la República, cuando se encontraba a cargo de Daniel Soria, anunció que ya venía analizando las vías judiciales para cuestionar la decisión que adoptó la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Sin embargo, tras su cambio y el ingreso de María Aurora Caruajulca Quispe, se desconoce la decisión final.
