El fiscal de la Nación señaló que el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la medida regional contra el proyecto Conga, sienta un precedente para impedir decisiones unilaterales contra la inversión minera.
“En un Estado de Derecho todas las instituciones tienen funciones específicas y no se puede estar invadiendo los fueros que la Constitución confiere. La ordenanza del gobierno de Cajamarca rebasaba sus facultades y violaba las del Gobierno central”, explicó en el programa radial Los Fiscales.
Peláez Bardales remarcó que los gobiernos regionales no tienen facultades para tomar medidas sobre la minería, sino que solo al Gobierno central le corresponde ejecutar la política general de minería en el país.
