El martes, 14 inmuebles de cinco árbitros y de dos exfuncionarios de Transportes y Comunicaciones fueron allanados en distintos distritos de Lima. La razón es conocida: habrían favorecido con sus fallos a Odebrecht, permitiéndoles ganancias millonarias.
Uno de esos árbitros, hoy en proceso de acogerse a la colaboración eficaz, no solo habría dado información sobre otros colegas suyos y los montos de soborno que recibieron. También habría sido testigo de otros hechos de índole política que vincularía a Odebrecht con el PPC y con Lourdes Flores Nano.
Hemos tenido acceso a parte de la transcripción de la versión de parte dada a la Fiscalía. Un relato que empieza contando que los lazos Odebrecht - PPC se iniciaron durante un viaje a Brasil en el 2005, cuando Flores Nano aparecía en los primeros lugares de las encuestas presidenciales.
En este viaje habrían participado por el PPC, el excongresista Hildebrando Tapia y Horacio Cánepa para conocer las obras emblemáticas de Odebrecht. El guía y anfitrión: Raymundo Trinidade Serra, un alto cargo de la constructora en el Perú.
Ahí es cuando se percatan de que Odebrecht aportaba económicamente a grupos políticos. Al regreso, a finales del 2005, según el aspirante a colaborador, es que empiezan a darse reuniones económicamente favorables para el PPC.
En una comunicación con Panorama, Lourdes Flores respondió tras estas declaraciones y señaló directamente a Horacio Cánepa como el responsable, asegurando que se trata de una “delación” en su afán por acogerse a la colaboración eficaz.
Flores Nano indicó también que estos dichos son faltos de verdad y “se desdicen” de la declaración dada por Jorge Barata al fiscal Rafael Vela, del Equipo Especial Lava Jato. De otro lado, indicó que las menciones a nombres como el de Carlos Neuhaus son “injustas” pues no tienen que ver con temas económicos.
Indicó asimismo, que, aunque es verdad que se produjeron reuniones con Jorge Barata y Raymundo Serra, estas “nunca” fueron “para hablar de temas económicos”. “Descarto absolutamente que haya sido interlocutora para pedir un centavo”, aseveró.
Por último, advirtió que “cuando una declaración es inexacta eso da lugar a acciones legales. La Fiscalía puede estar cometiendo el grave error de no confirmar suficientemente declaraciones y a partir de eso filtrar información que no es correcta”.
