La Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República a archivar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, por medio del cual se pretende condonar las multas que han sido impuestas contra transportistas desde el inicio de la pandemia del COVID-19, al considerar que promoverá la informalidad en el sector al desincentivar el cumplimiento de las normas de tránsito y de transporte terrestre, generando con ello un aumento de en la ocurrencia de los accidentes de tránsito.
De acuerdo al documento dirigido al titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Legislativo, Alejandro Soto Reyes, que contiene una serie de argumentos por los cuales se debe dejar de lado dicha iniciativa, la Defensoría del Pueblo señaló que la propuesta del Ejecutivo constituye un serio retroceso en la implementación de una política de transporte seguro y de calidad, así como un nuevo debilitamiento de la institucionalidad del sector, que aleja al Estado de su deber de brindar solución a los graves problemas de inseguridad vial que afronta nuestro país.
MUERTES POR ACCIDENTES
De acuerdo a cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo, en los últimos cinco años se han producido más de 406 000 accidentes de tránsito que han ocasionado la muerte de más de 14 000 personas y han dejado heridas o en situación de discapacidad a más de 268 000 personas. Además, según cifras oficiales de la Policía Nacional, solo en 2021 se produjeron 74 624 accidentes de tránsito, con un repunte de más del 40 % en la cifra de personas fallecidas respecto del año anterior.
CAUSAS DE ACCIDENTES
De otro lado, entre las principales causas de los accidentes registrados durante el 2021 se encuentran la imprudencia del conductor (28,22 %), seguida por el exceso de velocidad (27,62 %) y la ebriedad del conductor (6,56 %). Además, el factor humano representó la causa del 79,51 % de los accidentes ocurridos en la última década.
“Como puede apreciarse, la mayor parte de los accidentes de tránsito se produce como consecuencia de infracciones de tránsito a cargo de quienes conducen vehículos, por lo que resulta inaceptable que el Poder Ejecutivo busque amnistiar las faltas directamente relacionadas con los siniestros viales, tal como figura en el proyecto de ley presentado”, sostuvo la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (Amasppi) de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, en el documento dirigido a la comisión del Parlamento que analiza el tema.
SANCIONES RESPECTIVAS
La representante de la Defensoría del Pueblo precisó que si bien las medidas dispuestas por la pandemia por el COVID-19 menoscabaron la economía nacional y repercutieron en el sector transportes, la disminución de los ingresos no puede ser justificación para cometer infracciones de tránsito o de transporte que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Por el contrario, afirmó que la conducción imprudente viola las normas de circulación y genera accidentes de tránsito, y por tanto, merece la imposición de la respectiva sanción.
SITUACIÓN DESVENTAJOSA
Finalmente, como parte de los argumentos dirigidos al Legislativo, la titular de la Amasppi consideró que el proyecto de ley equipará injustamente a quien infringe y a quien cumple la ley. Asimismo, que coloca en una situación desventajosa a infractores que cumplieron con el pago de sus multas y asumieron las medidas adicionales que correspondían a sus respectivas papeletas y actas de control.
PIDEN OPINIÓN DE ENTIDADES
El documento concluyó con un pedido para que se solicite la opinión de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Provincial del Callao, en calidad de instituciones representativas de las ciudades que registran la mayor cantidad de accidentes de tránsito, así como de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del Perú, debido a la afectación de sus competencias.
