El prófugo Juan Silva reapareció desde la clandestinidad. A través de la red social Tiktok, el exministro de Transportes publicó un video para defenderse de las acusaciones por el caso puente Tarata III.
“Según la tesis fiscal, a mi persona atribuyen dos delitos: el delito de organización criminal y el delito de colusión ¿Cómo puede haber organización criminal si está demostrado que mi persona con el presidente Pedro Castillo Terrones ha sido netamente laboral? No estoy inmerso en su equipo de trabajo de Palacio de Gobierno”, inició Silva Villegas.
“Mi designación como ministro obedece al artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y no obedece a ningún favor político, repito, no obedece a ningún favor político”, enfatizó.
Silva argumentó que el Comité de Selección fue nombrado durante el gobierno de Francisco Sagasti, por lo que él nunca cambió a ningún miembro de dicho grupo de trabajo.
“Tampoco conocía a ninguno de los miembros de ese comité, nunca he visitado la entidad de Provías Descentralizado, no he tenido ninguna comunicación con ellos, excepcionalmente el señor Víctor Malpartida”, agregó.
“El señor Víctor Valdivia Malpartida fue designado temporalmente como director ejecutivo de Provías descentralizado por la renuncia irrevocable del titular de ese entonces, y previa evaluación de la oficina de recursos humanos del Ministerio de Transportes y de Asesoría Jurídica”, añadió.
“El ministro no designa o nombra a funcionarios, solo firma la resolución que viene propuesta por la oficina de recursos humanos por asesoría jurídica, y elevada por la secretaría general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la máxima autoridad administrativa en dicha entidad. Esta designación se da después de haber concluido el proceso de licitación”, finalizó.
Como se recuerda, Juan Silva Villegas estuvo siete meses al frente del MTC, donde habría realizado nombramientos de funcionarios de alto nivel con conflictos de intereses o envueltos en presuntos actos de corrupción. Posteriormente, fue acusado por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y contra la administración pública en la modalidad de colusión, y por los cuales el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por 36 meses; sin embargo, hasta el momento no se ha podido dar con el paradero del exfuncionario.
