Este miércoles, el defensor del Pueblo afirmó que “se ha desnaturalizado” el contrato vigente entre la concesionaria Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima al no estarse cumpliendo con los trabajos previstos.
"Este contrato se concibió siendo autosostenible, se concibió que iba a dar réditos económicos a la Municipalidad de Lima, es decir era oneroso, y en el transcurso de más de 32 modificatorias mediante actas y una adenda lo que se ha hecho es todo lo distinto. En primer lugar, es hoy cofinanciada y en segundo término ha dejado de ser autosostenible. Lo que eso nos lleva a decir que se ha desnaturalizado el contrato sobremanera y tenemos 50 conclusiones muy detalladas en rubros muy específicos", señaló a RPP.
Como bien se sabe, la mencionada empresa tiene un contrato que data del 2013. El titular de la Defensoría del Pueblo afirma que el informe sobre el citado acuerdo que presentarán hoy ante el Congreso no tiene una opinión subjetiva, sino que cuenta con el respaldo de adendas, actas, acuerdos, además de las opiniones de la Contraloría General de la República.
“Es la importancia de saber cómo el marco constitucional entrega a la Defensoría del Pueblo esa prerrogativa de supervisión de la administración estatal para ejercer la defensa justa. Y el municipio de Lima está en la obligación de cautelar y velar por los peajes, esta concesión que ha terminado en un contrato, en primer lugar, ha terminado subestimada en su valor. ¿Cómo puede decirse a la opinión pública que si este contrato fijaba un promedio de mil vehículos que iban a transitar por los peajes, a tres años se muestra que son cinco mil vehículos?”, indicó.
Gutiérrez también sostuvo que en el informe se evidencia que Rutas de Lima no cumplió con la ejecución de los cronogramas. Para esto, puso como ejemplo a la vía Ramiro Prialé; añadiendo, que, en un corto plazo, después de la firma del contrato, la empresa inició la cobranza de tarifas “sin inversión de por medio”.
RUTAS DE LIMA
Es importante mencionar que el martes 13 de febrero, Rutas de Lima informó a la Defensoría del Pueblo que no participará en la presentación del informe sobre la concesión de vías.
"Reiteramos nuestra profunda preocupación por el comportamiento de la Defensoría del Pueblo, que viene cuestionando la validez del proyecto y afirmando una inexistente vulneración al interés público, pese a carecer de competencias para ello, y en desconocimiento pleno de una serie de decisiones jurisdiccionales que confirman que el contrato de concesión es válido, eficaz y no vulnera derechos", se lee en una carta.
