Alejandro Toledo ha contratado los servicios de dos asesores legales que trabajaron antes en el gobierno de Estados Unidos y que tienen como objetivo proteger al ex presidente ante un eventual panorama de extradición. Ellos son Richard Douglas y Roger Noriega, expertos en temas judiciales quienes aseguran que el requerimiento para traer de regreso al Perú del ex jefe de Estado podría obedecer a intereses políticos.
Para el fiscal supremo Avelino Guillén, Toledo Manrique no ha descuidado su defensa, aunque señaló que sucede todo lo contrario con el Gobierno peruano, que no tiene representantes legales en Washington para que estén detrás del caso. Por eso, pidió a las autoridades nacionales trabajar jurídica y judicialmente para lograr la extradición del ex presidente de la República.
Cabe señalar que Richard Douglas ha sido asesor del Senado de Estados Unidos y Roger Noriega ha ocupado el cargo de embajador de la Organización de Estados Americanos (OEA). En tal sentido, Guillén volvió a reiterar que el Estado peruano debería hacerse de los servicios de un estudio jurídico en Estados Unidos para que estar pendientes del caso Toledo desde tierras norteamericanas.
Los asesores han publicado en la página editorial del diario El Comercio una columna en la que dan a conocer sus argumentos de defensa señalando que uno de los artículos de la ley norteamericana establece la denegación de la extradición si el secretario de Estado determina que la demanda extranjera se basa en motivos políticos. Para los expertos, la demanda peruana se habría hecho con mucha prisa y sin evidencia confiable.
