El Gobierno adoptó nuevas medidas para luchar contra la corrupción con el objetivo de facilitar las investigaciones y sanciones que correspondan según el caso. Entre las más destacas se encuentra la muerte civil para las empresas que cometan delitos de alta gravedad.
“Una empresa que cometa actos de corrupción, terrorismo, lavado de activos o una persona que cometa actos de corrupción podría no ser contratada por el estado en caso de persona jurídica. Se ha incorporado la figura de cohecho y la inhabilitación perpetua como parte de sanción penal pero también como requisito para trabajar en el estado”, comentó la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.
El nuevo decreto promueve, además, la transparencia y el derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales. Dentro de estas medidas también se contempla el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses.
Entre otras medidas para sancionar la corrupción se encuentran aquella que sancionará al funcionario que se niegue a entregar información pública al ciudadano que la solicite.
Por otro lado, se reactivará la Unidad Especializada de Policías Encubiertos para investigar presuntos delitos de corrupción al interior de su institución. Además, los agentes serán sometidos a la prueba del polígrafo, examen que los favorecerá en sus ascensos.
