El gobierno de Dina Boluarte promulgó una norma que introduce cambios al Código Procesal Penal, permitiendo la expulsión de extranjeros que hayan cumplido dos tercios de una pena menor a diez años. Además, la norma faculta a la policía a detener a cualquier individuo, sea peruano o extranjero, hasta por cuatro horas si se considera que existe alguna sospecha.
Giovanna Vélez, asesora del Despacho de Seguridad del Ministerio del Interior, ha comentado sobre esta norma, indicando que si se produjera un abuso de autoridad o discriminación, se podría apelar a herramientas judiciales. Con respecto a las críticas sobre las retenciones que pueden extenderse de 4 a 12 horas, Vélez señala que solo se realizarían en casos excepcionales.
La norma ha generado críticas y preocupaciones, principalmente porque podría abrir las puertas a un posible abuso de autoridad o discriminación por parte de los agentes de la policía. Sin embargo, el Ministerio del Interior defiende la norma argumentando que permite al magistrado ampliar sanciones para la expulsión de inmigrantes en situación irregular que cometan delitos.
En caso de que un extranjero expulsado regrese de forma irregular al país, recibirá un año más de pena. Esta medida busca disuadir a aquellos que han cometido delitos de intentar volver al país sin seguir los canales legales.
ESPECIALISTAS OPINAN
El abogado penalista Andy Carrión señala que la norma podría terminar en el Tribunal Constitucional. Colegios profesionales, congresistas o ciudadanos que hayan juntado un número de firmas pueden presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, el cual podría derogar la norma o replantearla en parte.
