Ante los actos vandálicos que lideró el municipio de La Molina el lunes 7 de marzo en la plaza de peaje de Separadora Industrial, la empresa Lima Expresa lanzó un comunicado donde anuncia que tomará acciones legales. En dicho documento expresan que ha recurrido al poder judicial para que interponga al cumplimiento de su decisión, y es así que el día 11 de marzo se ha reiniciado las obras de reposición de estas casetas de peaje con la intervención del Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, quienes de manera conjunta velarán el cumplimiento del mandato judicial. El Poder judicial reconoció en última instancia y de manera definitiva el derecho de Lima Expresa de reponer las casetas de peaje ubicadas en Separadora Industrial con la vía de Evitamiento, así como el derecho a realizar el cobro de la tarifa vigente por el uso de dicha infraestructura vial.
Cabe resaltar que el cobro del peaje para salir por la avenida Separadora Industrial desde la vía de Evitamiento ya se realizaba desde antes del 2009, es decir, mucho antes de que Lima Expresa asumiera la concesión vial.
Además, en el comunicado afirman que la Municipalidad de La Molina está realizando trabajos sin autorización en el área de concesión y en espacios sobre la jurisdicción en la Municipalidad de Lima. Este actuar pone en riesgo la seguridad e integridad de conductores y colaboradores, así como de niños en edad escolar, pues la construcción de este nuevo carril en el que trabaja dicha municipalidad no solo no respeta las condiciones técnicas mínimas, sino que afecta con todo ello el espacio colindante.
LLAMADO AL CONCENSO
24 Horas edición mediodía se comunicó con Roberto Pereyra, asesor legal de Lima Expresa, para que aclare, desde una perspectiva legal, esta situación.
“Lo que está ocurriendo es el cumplimiento de un mandato judicial como consecuencia de un largo proceso iniciado por el alcalde de la molina en el 2019. En el que él pretendía que estas casetas de peaje se levantaran, cosa que obtuvo en una primera instancia, pero luego de transitar por todo el proceso judicial y llegar al Tribunal Constitucional, finalmente no le dieron la razón, porque no la tenía”, expresó el especialista en leyes.
Pereira agrega que el alcalde de la molina, Paz de la Barra, ha desplegado una serie de acciones para impedir que se ejecute esta decisión judicial poniéndose claramente al margen de la ley, porque “nadie puede impedir que se cumpla un mandato judicial utilizando además recursos de la municipalidad”.
Afirma que tienen los permisos por parte la Municipalidad de Lima Metropolitana para poder reinstalar las casetas de peaje y poder salvaguardar la seguridad de la zona.
También sugiere que la Contraloría debería intervenir inmediatamente para ver qué está pasando con el uso de recursos. “Invocamos a la sensatez y la responsabilidad del alcalde de La Molina”, finalizó.
