A través de un Decreto Supremo, el Gobierno reguló el uso de fuerza por parte de los efectivos policiales, quienes ahora podrán utilizar sus armas de fuego en caso de peligro de muerte o de lesiones graves durante la comisión de un delito grave, así como en defensa propia o la protección de otros civiles.
De igual modo, los policías podrán hacer uso de la fuerza, con o sin armas de fuego, cuando exista un peligro de resistencia de las personas que serán detenidas, si existe un riesgo de fuga o si el efectivo se ve enfrentado en una reunión tumultosa violenta.
Esta medida fue respaldada por el ministro de Interior José Luis Pérez Guadalupe, quien dijo que “Cuando se habla de legalidad, la norma indica que el uso de la fuerza debe orientarse al logro del objetivo legal; es decir al cumplimiento de la ley”.
