El gobierno publicó el decreto legislativo que permite la localización de delincuentes por medio de sus teléfonos móviles y aparatos tecnológicos, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.
De acuerdo a la norma, el uso de esta alternativa solo puede establecerse en delitos en flagrancia, cuando el delito sancionado tenga pena superior a los cuatro años de privación de libertad o cuando el acceso a este tipo de información sea necesario para el desarrollo de la investigación policial.
Asimismo, también estipula que en caso de un uso indebido de este tipo de información los efectivos estarán afectos a responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda.
